La frustración generada por la incapacidad del sistema de justicia para enfrentar la corrupción de manera satisfactoria, ha motivado a muchos países a crear instituciones especializadas anticorrupción. Mientras que a las agencias anticorrupción con capacidades de investigación y fiscalización se les ha prestado mayor atención, la especialización judicial es un aspecto cada vez más popular en las estrategias nacionales de lucha contra la corrupción. El argumento más común para la creación de tribunales especializados anticorrupción es la necesidad de una mayor eficiencia en la resolución de los casos de corrupción y el deseo de mostrar a los ciudadanos, así como a la comunidad internacional, que el país se toma la lucha contra la corrupción en serio. En algunos países existe cierta preocupación sobre la capacidad de los tribunales ordinarios para tratar los casos de corrupción de manera imparcial y sin estar ellos mismos afectados por la corrupción. Esto ha tenido un papel importante en la decisión de crear tribunales especializados anticorrupción. Los tribunales anticorrupción que existen en la actualidad difieren en algunos aspectos: el tamaño, el lugar que ocupan en la jerarquía judicial, el proceso de nombramiento y remoción de jueces, el alcance de su esfera de competencia, el desarrollo del proceso, el recurso de apelación y su relación con los fiscales anticorrupción. Este diseño institucional requiere ciertos compromisos: aunque no existe un conjunto definitivo de "buenas prácticas" para los tribunales especializados anticorrupción, los modelos y experiencias existentes pueden servir de guía para aquellos considerando crear una institución de este tipo. Ellos deberán decidir si estos tribunales deben adoptar procesos significativamente distintos de los tribunales penales ordinarios, y/o aplicar reglas especiales para la selección, remoción y condiciones de trabajo de sus jueces.

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