Muchos países están implementando la liberación de emergencia de personas en prisión para mitigar la propagación de Covid-19. Dichas medidas, si bien son críticas para la salud pública, pueden permitir que se libere injustamente a individuos ricos y con conexiones políticas, condenados por delitos de corrupción. Para reducir el hacinamiento en las cárceles y al mismo tiempo garantizar que los delincuentes de cuello blanco sean sancionados apropiadamente, una estrategia es imponer alternativas a las penas privativas de libertad. Este enfoque podría considerarse también en tiempos que no sean de emergencia.