Luchando contra la corrupción es un desafío en todos los contextos, ya que la corrupción tiene muchas facetas y puede ocurrir en muchas distintas formas en todos los sectores y todas las instituciones de un país. La Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas (CNUCC) reconoció este problema y requiere de los Estados Partes “políticas anti-corrupción efectivas y coordinadas” (Artículo 5) a fin de abordar el fenómeno de manera estratégica. Este estudio explora de qué manera un tal enfoque se puede plasmar en la realidad y examina en profundidad cómo políticas anti-corrupción nacionales han emergido en seis países: Georgia, Indonesia, Nicaragua, Pakistán, Tanzania y Zambia. Los autores investigan desde una perspectiva de las políticas públicas cuáles han sido los catalizadores y fuerzas impulsoras, de qué manera las reformas han sido seleccionadas, priorizadas e implementadas, y, por último, cuál ha sido el rol de los organismos cooperantes en el proceso.


Las experiencias de los países estudiados muestran que la respuesta política a lo que se percibe como corrupción generalizada consiste a menudo en el desarrollo de una política o estrategia anticorrupción nacional de amplio alcance. Sin embargo, este enfoque no ha mostrado ser demasiado exitoso por varias razones, entre otros, debido a una planificación poco realista, la falta de establecer claras prioridades, serias deficiencias en los arreglos institucionales para implementar las políticas, y la ausencia de acuerdos políticos vitales para reformas efectivas.


El estudio argumenta que políticas o estrategias anti-corrupción explícitas no son necesariamente la opción más adecuada y ni ciertamente la única para implementar el Artículo 5 de la CNUCC y se discuten a continuación otras opciones de políticas anit-corrupción coordinadas. El estudio también pone énfasis en la necesidad de luchar contra la corrupción persiguiendo objetivos modestos pero efectivos en lugar de hacer promesas ambiciosas pero irrealizables.